Un defecto formal abre la veda al archivo del caso Isofotón contra 37 excargos y con tres ministros salpicados

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El caso Isofotón va camino de ser historia por culpa de un defecto formal en la investigación. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla había encausado a 40 personas, entre ellas 37 ex cargos de la Junta de Andalucía, por la concesión irregular de 44,15 millones de euros de los 80,50 millones en ayudas, avales y préstamos que los gobiernos autonómicos socialistas concedieron entre 2005 y 2012 a la empresa malagueña fabricante de placas solares, sin que Isofotón llevara a cabo las inversiones comprometidas ni devolviera el dinero público que había recibido.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado el archivo de la causa seguida contra un ex alto cargo de la agencia autonómica IDEA, que había recurrido su imputación, al concluir que dos de las ampliaciones del plazo de instrucción se habían acordado fuera de plazo, «extemporáneamente», por lo que su declaración como investigado «no fue válidamente acordada» y, por tanto, «carece de validez». En la misma situación se encuentra el resto de investigados que, en su mayoría, han presentado recursos de apelación a la Audiencia en los que exponen los mismos argumentos para solicitar su exclusión de esta causa que se abrió en el año 2015.

Los magistrados dejan en manos de la juez instructora la última decisión al respecto. «Ningún pronunciamiento cabe realizar, por tanto, sobre las adhesiones al recurso interpuesto por la defensa» del investigado, «sin perjuicio de que, por congruencia y economía procesal, la magistrada instructora decida hacer extensiva esta resolución a otros investigados que se encuentren en idéntica situación», argumentan los magistrados que ha dictado el auto notificado hoy a las partes y facilitado por el TSJA.

La estimación parcial del recurso presentado por Juan Carlos Alférez, abogado del que fuera director de Inversiones Estratégicas en la Agencia IDEA Bienvenido Martínez, allana el terreno para el carpetazo de este sumario que había salpicado a tres ministros actuales de Pedro Sánchez. Aunque los miembros del Gobierno no estaban imputados en la causa sí habían participado en la gestión de la empresa beneficiada con los fondos públicos o en el proceso de autorización de las ayudas. En el caso Isofotón, la juez aprecia supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la actuación de los investigados.

Los ministros María Jesús Montero y Luis Planas acudieron, cuando eran consejeros andaluces, a una reunión en 2012 en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder a Isofotón un préstamo de 8,3 millones de euros que el juzgado había puesto bajo sospecha por supuestas irregularidades en su concesión. Por su parte, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había fichado por Isofotón como directiva sólo un mes después de recibir el crédito que nunca fue reintegrado a las arcas públicas.

En su auto, la Sección Primera estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado defendido por el bufete Constitución 23 Estudio de Litigación. El tribunal revoca y deja sin efecto -en lo que al recurrente respecta- tanto el auto de 24 de julio de 2020 dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla acordando citarlo en calidad de investigado como el auto de 9 de octubre de 2020 que desestimó su recurso de reforma contra la anterior resolución. Decreta finalmente el archivo de las actuaciones contra el recurrente.

La Fiscalía, contra el archivo

La Fiscalía Anticorrupción pidió la desestimación del recurso presentado por el investigado y la confirmación de la resolución impugnada, mientras que las defensas de una decena de investigados se adhirieron al mismo, aunque en este punto el tribunal explica que «la regulación legal de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los jueces de Instrucción (artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no contempla la adhesión a los recursos formulados por otros intervinientes en la causa, a diferencia de lo que acontece respecto a los recursos contra sentencias dictadas por Juzgados de lo Penal (artículo 790.1 de esa misma Ley)», según hace constar el TSJA en una nota de prensa.

La defensa del investigado recurrió el auto que acordaba traerlo al proceso en calidad de investigado alegando primero –en su recurso de reforma- falta de motivación y ausencia de indicios incriminatorios, para después –en su recurso de apelación- añadir razones de estricta índole procesal, como es la prórroga o ampliación extemporánea del plazo instructorio establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesando en definitiva el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a su patrocinado.

Jurisprudencia del Supremo

En este sentido, el tribunal señala que el recurso «debe prosperar parcialmente, siquiera por el último motivo aducido», y todo ello conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre la que cita la sentencia 455/2021, de 27 de mayo, que «resulta inequívoca y contundente» cuando, entre otras consideraciones, concluye que «las consecuencias procesales de la práctica de diligencias fuera del plazo fijado ex lege es que «no serán válidas», y ello arrastra todas las consecuencias que dimanan de esa nulidad acordada en la sentencia recurrida, como lo es la nulidad de lo actuado y la consiguiente absolución en el caso de que se llegue a juicio oral con esta quiebra procesal en el procedimiento. El plazo fijado no es de carácter «voluntarista» o subsanable. Es de obligado cumplimiento».

Al hilo de ello, la Sección Primera argumenta que, en este caso concreto, el plazo de instrucción se amplió en dos ocasiones vencido el anterior, así como que la declaración como investigado del recurrente se acordó con posterioridad mediante el recurrido auto de 24 de julio de 2020.

Por ello, «no cabe sino concluir que dicha declaración no fue válidamente acordada, y que la misma, por tanto, también carece de validez», un «defecto insubsanable causante de una crisis procesal que conlleva la consecuencia postulada» en la sentencia del Tribunal Supremo aludida, donde se establece igualmente que «no era posible continuar las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado (por lo que) debió dictarse el archivo de la causa».

Por todo ello, los magistrados acuerdan dejar sin efecto el auto apelado y decretar el archivo de las actuaciones respecto al recurrente, un archivo que «debe acordarse en los estrictos términos acuñados por el Tribunal Supremo, al no tener encaje en ninguno de los sobreseimientos contemplados en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

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