El Gobierno aprueba la ley del Aborto con prisas y sin tiempo a valorarlo por el Consejo del Poder Judicial

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en segunda lectura el anteproyecto de Ley Orgánica sobre Salud Sexual y Reproductiva que modifica la actual norma de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la remite a las Cortes, sin que se hayan pronunciado todavía sobre su idoneidad y ajuste legal el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. No obstante, este extremo ha sido ignorado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa para desgranar el detalle de la ley cuando ha agradecido «a los organismos del Estado la emisión de sus informes». Esos dictámenes no se han producido, reconocen que no ha habido tiempo para valorarlo y el Gobierno también se ha manifestado urgido a llevarlo ya al Congreso si quiere tener tiempo para aprobarlo antes del fin de la legislatura, como es intención de los dos partidos en el Ejecutivo.

Minutos antes de esta intervención en sala de prensa, la ministra había concedido una entrevista radiofónica donde ha acusado al CGPJ de “no hacer su trabajo” a tiempo, porque no ha emitido aún su dictamen sobre la norma que hoy aterrizaba por segunda vez (la primera fue el pasado mayo) en el Consejo de Ministros. Enfatizó que su departamento no está dispuesto a “paralizar la tramitación de una ley porque el CGPJ no cumpla con los plazos establecidos para emitir sus informes” sobre las normas.

Montero ha asumido que ha habido un largo tiempo de negociación con hasta cinco departamentos -Hacienda, Justicia, Sanidad, Inclusión y Seguridad Social, y el de Educación- antes de finiquitar los capítulos de esta norma. Finalmente, tras esa negociación, han sido limados los apartados de un premiso preparto para todas las mujeres encintas desde la semana 36 (con esta norma será retribuido desde la semana 39, cuando la mayoría de mujeres embarazadas ya están de baja, y que no restará al actual permiso de maternidad) y las bajas por reglas dolorosas e incapacitantes. Sin un lapso de tiempo predefinido, será el médico quien justifique ese permiso menstrual. «Se acabó ir al trabajo con dolor«: este es el mensaje que queremos trasladar a todas las mujeres.

Tampoco habrá cambios en la ley respecto a la persecución o prohibición penal de la gestación subrogada, ha terminado por reconocer la ministra de Iguadad, que fue depurado también por Justicia.

70% de los estudiantes

Se informan sobre su vida sexual en internet, según Igualdad.

La titular de Igualdad ha presumido de «eliminar el retraso de derechos que implementó el Gobierno del PP» (Mariano Rajoy en 2015) y que con esta norma las mujeres con discapacidad y a partir de los 16 años podrán «decidir sobre sus cuerpos». «La derecha destruye derechos, nosotros los ampliamos. Este Gobierno de coalición progresista y feminista garantiza a todas las abuelas y madres que sus hijas y nietas van a tener derecho a la salud menstrual, por un lado, derecho a la educación sexual integral por otro y derecho a ser acompañadas en sus partos y embarazos si desean ser madres», ha esbozado la ministra. La responsable de Igualdad ha colegido que esta ley, en connivencia con la Ley de Libertad Sexual que se aprobó el pasado jueves en el Parlamento, permitirá que todos los estudiantes sepan sobre su cuerpo, «legitime su diversidad sexual» y reciban una educación sexual inclusiva e integradora.

La ministra socialista de Justicia, Pilar Llop, escucha la intervención de la titular de Igualdad, que ha agradecido la ardua negociación con hasta cinco departamentos diferentes del cuerpo del Gobierno efe

«El 70% de los alumnos declaran actualmente que la educación sexual que han recibido en las aulas no les ha servido para nada en su vida real, que se informan a partir de otros amigos y conocidos o de internet, como puntos de referencia de su vida sexual. Esto vamos a revertirlo«, según la ministra.

La ministra ha recordado que el pilar esencial de la norma es que todas las mujeres puedan abortar en el centro público más cercano a su domicilio. En una entrevista concedida esta mañana a RNE ha puesto un ejemplo, Murcia, donde el año pasado no se produjo ni un solo aborto en la red pública, si bien con su ejemplo ha marginado otras tres autonomías que repitieron esos datos, dos de ellas socialistas (son Murcia, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha).

La norma también recoge el acceso gratuito a la píldora del día después. Queda por regular, como ha asumido la ministra Montero, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en cada centro. «Ya se ha hecho con la Ley de Eutanasia -ha dicho-, pero no podemos permitir que el ejercicio de un derecho constitucional, como es el derecho a la objeción de conciencia choque con un derecho fundamental, como es el de una mujer a interrumpir su gestación».

A la ministra se le ha interpelado en sala de prensa por la no participación de asociaciones provida y organizaciones en defensa de una ley de supuestos del aborto, y la sí participación de asociaciones partidarias del aborto libre. «Le puedo asegurar que no ha participado ninguna asociación contraria a los derechos humanos y a los derechos de todas las mujeres», ha resuelto Montero.

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