El Comité de la ONU proindependentista: 18 miembros y nula repercusión

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que España «violó los derechos políticos de ex miembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspenderles de sus funciones como diputados autonómicos antes de que fueran condenados por el Tribunal Supremo en la causa del ‘procés’.

En un dictamen conocido ayer, este comité, que no es propiamente un órgano de Naciones Unidas –a diferencia de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad–, resuelve la denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull. Los cuatro habían alegado que la suspensión de sus funciones antes de su condena por sedición violaba el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este precepto reconoce el derecho de los ciudadanos a «participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos».

La suspensión de las funciones de los líderes independentistas se llevó a cabo en virtud del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé apartar de sus responsabilidades públicas de forma automática a quien resulte procesado por rebelión, delito por el que fueron investigados y juzgados los líderes del ‘procés’ aunque finalmente fueran condenados por sedición. La decisión del Supremo fue expresamente avalada por el Tribunal Constitucional, que respaldó esta suspensión de funciones en relación con «delitos que conllevan un desafío mismo a la esencia del Estado democrático».

«Hechos pacíficos»

Sin embargo, para los miembros de este comité de la ONU, «una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos por presuntos delitos sobre la base de hechos públicos y pacíficos, con anterioridad a la existencia de una condena, exige un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida y no puede por ende considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos». Al tildar los hechos de «pacíficos», el comité está cuestionando hasta el propio procesamiento por rebelión, que exige violencia. Hay un voto particular conjunto de dos juristas que consideran que la suspensión de su actividad como cargo público fue «razonable, necesaria, proporcionada y, además, previsible ante las serias circunstancias en las que se encontraban los tribunales nacionales en ese momento».

«Reparación insuficiente»

Los dieciocho miembros que componen este comité –juristas de muy variada procedencia (Paraguay, Egipto, Túnez, Marruecos, Grecia, Chile o Togo, entre otros)– son conscientes de la nula repercusión que su dictamen tiene, y aunque señala que España tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes y le pide que le informe al respecto en un plazo de seis meses, señala a la vez que el propio dictamen ya de por sí «constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada».

Y es que a diferencia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los dictámenes de la ONU no son aplicables a las resoluciones judiciales. «No procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos», ha sostenido el Tribunal Supremo.

Prueba de ello es la nula repercusión que tuvo el dictamen emitido por este comité hace un año concluyendo que la condena al exjuez Baltasar Garzón fue «arbitraria e imprevisible». Se refería a los once años de inhabilitación que el Supremo le impuso por interceptar conversaciones entre abogados y acusados de Gürtel. Ya entonces, juristas consultados por ABC sostuvieron que este comité se extralimitó porque, sin ser ni siquiera un tribunal, entró a valorar el término «prevaricación» del Código Penal español para cuestionar que Garzón hubiera cometido ese delito.

Hace un año este mismo comité cuestionó la inhabilitación de Garzón como juez por «arbitraria e inesperada»

Antes de eso, en marzo de 2018, el Comité de Derechos Humanos ya se había pronunciado sobre otro de los presos del ‘procés’, en este caso, el expresidente de la ANC y luego diputado autonómico Jordi Sànchez. Sus dieciocho miembros emplazaron a España a que garantizara que el entonces encausado pudiera ejercer sus derechos políticos aun estando en prisión preventiva, situación en la que llevaba cinco meses. Ese mismo mes ese comité registró también una demanda de Puigdemont contra España.

Célebre es también el informe que elaboró el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria dependiente de la ONU que en marzo de 2019 llegó a exigir la libertad de Sànchez, Cuixart y Junqueras dando por buenos argumentos de los independentistas y «exigiendo» una investigación «exhaustiva e independiente».

Como en otras ocasiones en que instancias u organismos internacionales han avalado las tesis independentistas, aunque sea tangencialmente, el procesismo celebró ayer como una «victoria contra el Estado» la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU. «Muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga», resumía en las redes sociales el secretario general de Junts y uno de los aludidos en el citado dictamen, Jordi Turull. En parecidos términos se pronunciaban el resto, todos con un tono que prácticamente parecía anticipar el inminente reconocimiento de la independencia de Cataluña por parte de Naciones Unidas. Sin aludir, obviamente, al carácter no vinculante de la resolución, Junqueras y el resto de implicados auguraban cambios inmediatos. «España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo», apuntaba Junqueras para añadir que la única salida es la amnistía.

A diferencia de los fallos de Estrasburgo, los dictámenes de este comité no se pueden aplicar a resoluciones judiciales

También se pronunció de manera oficial el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para quien, «de nuevo, la arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado». Tras calificar de «importantísimo’ el dictamen de la ONU, Aragonès añadió que «hoy, como siempre, reafirmamos nuestras convicciones por la democracia y las libertades. Por la amnistía y la independencia».

Más allá de los fuegos artificiales esperables en el independentismo cuando se dio a conocer el dictamen de la ONU, la resolución tiene un interesante derivada en clave de política interna, en concreto en relación a la guerra abierta que mantienen Junts y ERC a propósito del caso de Laura Borràs. Hoy mismo, la mesa del Parlament debe abordar la propuesta de reconsideración presentada por Junts contra la suspensión de Borràs como presidenta de la cámara, una iniciativa que no tendrá consecuencias más allá de obligar a ERC a retratarse, que es en realidad lo que buscaba Junts. Al respecto, desde el partido de Borràs se cogía ayer el dictamen de la ONU para apretar a sus socios de gobierno. «Mañana tenemos Mesa del Parlament donde el único punto será la reconsideración presentada ante la suspensión de Laura Borràs. Teniendo en cuenta los argumentos previos, y ahora con esa sentencia, ERC y la CUP tienen la oportunidad de revertir la injusticia. No hay excusas».

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